Se
acostumbraba pensar al sacerdote como un hombre piadoso, al
político como bienhechor, al médico como apóstol
de la salud y al científico como ser racional. Se olvidaba
que, aunque todos ejecutan un juramento de gremio, "el
hábito no hace al monje". Hoy, está comprobado,
hay curas acusados de abuso sexual, políticos corruptos,
médicos que se enriquecen a costa de sus pacientes y
científicos que actúan subjetivamente, es decir,
que se comportan siguiendo las pautas de lo irracional.
La
discusión y promulgación de la Ley de Bioseguridad
ha servido para poner en evidencia la irracionalidad de muchos
científicos que participaron en el debate. Aquella idea
mítica del científico como un ser equilibrado,
justo, sabio y objetivo quedó de nuevo bajo tierra.
Una revisión de los textos y entrevistas de los principales
biotecnólogos que defienden el uso de los organismos
genéticamente modificados (OGM) servirá para
ilustrarlo.
El análisis
revela un compendio de falacias, trampas e inmoralidades,
y son un ejemplo bastante didáctico del arquetipo
del investigador especializado, incapaz de reconocer la complejidad
de la realidad, o bien de un científico influenciado
y finalmente ganado a un proyecto económico corporativo.
Como todo
científico sabe, o debería saber, una falacia es
un razonamiento válido cuya conclusión, sin embargo,
resulta falsa porque ha utilizado, voluntaria o involuntariamente,
una premisa que no es verdadera. Varias de las principales tesis
esgrimidas por los biotecnólogos (L. Herrera-Estrella,
F. Bolívar Zapata, J.L. Solleiro, X. Soberón),
durante el debate constituyen sendas falacias.
Las
encabeza sin duda la tesis apostólica de que los OGM
son una tecnología que contribuirá a incrementar
los alimentos y a superar el hambre del mundo. La tesis comienza
a derrumbarse cuando se comprueba que las plantas transgénicas
comercializadas fueron diseñadas para tolerar herbicidas,
resistir insectos, hacer ambas cosas o enfrentar virus para
las regiones con agricultura industrializada de Estados Unidos,
Canadá y Argentina, es decir, constituyen una simple "tecnología
de salvación" frente a la crisis ambiental, energética
y productiva de los extensos monocultivos con base en pesticidas,
riego y maquinaria de la agricultura industrial.
No hay,
hasta donde se sabe, ningún intento por crear transgénicos
para las regiones campesinas del mundo (que representan de
60 a 80 por ciento de las áreas productoras de alimentos).
Ahí, en los complejos policultivos tradicionales,
ricos en diversidad genética de plantas y animales,
los OGM son poco atractivos para los campesinos por la sencilla
razón de que o no los pueden comprar, o no los necesitan,
o disponen de una docena de soluciones ya probadas a los
problemas, que son más baratas, accesibles y, sobretodo,
de menor o nulo riesgo.
La tesis se
hace pedazos cuando se comprueba que 90 por ciento de las milagrosas
plantas las venden, y no ciertamente baratas, cinco gigantescas
corporaciones (Monsanto, Dupont, Bayer, Dow y Syngenta), las
cuales por cierto son las mismas que décadas atrás
promovieron el uso de pesticidas y las que hoy controlan 70 por
ciento del mercado de agroquímicos.
En
realidad, esta tesis falaz surge, a su vez, de otra falacia,
esta vez de carácter epistemológico. Pensar que
un gen, un nucleótido o una molécula de ácido
nucleico lograrán resolver un problema de tal nivel
de complejidad como es el hambre del mundo, que es un fenómeno
resultante de un intrincado sistema de factores, resulta de
una ingenuidad pasmosa.
Ello
surge, como ha explicado J. Muñoz, del carácter
reduccionista y simplificador de la biotecnología moderna
que fetichiza el papel del gen y lo eleva a una suerte de "elemento
supremo", negando de paso la existencia de los factores
evolutivos, ecológicos, culturales, económicos,
históricos, jurídicos, o geo-políticos
que determinan el problema. En este caso, una mezcla de triunfalismo
y soberbia tecnocráticas hacen desaparecer la prudencia
y responsabilidad que deberían caracterizar a un hombre
o mujer de ciencia.
La extraña
resistencia a considerar a los OGM como "contaminantes
genéticos", no obstante la llegada de las evidencias
en torno al maíz, a la mariposa monarca y más
recientemente a la canola (véase Nature del 21 de
marzo) constituye otro argumento falso que sirve para justificar
una conclusión insostenible. En este caso, los biotecnólogos
se convierten súbitamente en avestruces mediante frases
como: que los OGM son el producto de "...un método
biológico y por tanto natural" (Herrera-Estrella
y Martínez-Trujillo, 2004: 31), "tienen siglos
entre nosotros" (X. Soberón, 2002: 4), o "los
genes están ahí desde hace millones de años,
nosotros simplemente los pasamos de uno a otro organismo..." (Bolívar
Zapata, 2005: 5).
Lo anterior
lleva a llamar tramposamente a los OGM "insecticidas biológicos", "bio-remediadores" o
inductores de una "agricultura más amigable con el
ambiente y la biodiversidad" cuando en realidad se trata
de artefactos (L. Olivé), gestados por la manipulación
humana, que conllevan el riesgo de modificar de manera impredecible
los genomas de otros organismos.
La
posición de los biotecnólogos de considerar como "natural" el
traslado de un gen de un organismo al genoma de otro (por ejemplo
de una bacteria a un animal, de un animal a una planta, etcétera)
no resiste una discusión seria. Siguiendo esa lógica,
la creación humana de engendros ("criaturas informes
que nacen sin la proporción debida"), tales como
los "superratones" (con genes humanos), la "cabrioveja",
las plantas de tabaco con luz de luciérnagas y otras
muchas invenciones biotecnológicas que desbordan con
creces la imaginación, serían igualmente "naturales"
.
Estas falacias, que fueron refutadas en varios foros y publicaciones
científicas, siguieron presentes en la boca de los biotecnólogos,
como si la discusión racional y el pensamiento lógico estuvieran
ausentes. Llama notablemente la atención, la posición de
F. Bolívar Zapata, quien desde sus primeras hasta sus más
recientes declaraciones (compárese su artículo en Este
País de noviembre del 2002 con su entrevista en Investigación
y Desarrollo de La Jornada, de marzo de 2005), repitió sin
variación las mismas tesis falsas, ignoró olímpicamente
la participación de científicos contrarios a su visión,
y se ahorró de paso la incomodidad de discutir y refutar sus argumentos.
Otro hecho
irracional fue creer, y hacer creer, que el debate sobre
los organismos genéticamente modificados (OGM) se
dio solamente entre los "inmaculados" investigadores
de la biotecnología y un puñado de inconformes
ecologistas, vociferantes e iracundos, carentes de argumentos
científicos. Esta idea falsa prevaleció en
el imaginario de los biotecnólogos (y fue adoptada
por sectores de la opinión pública), no obstante
la creciente participación de científicos con
posiciones contrarias.
Ejemplos:
el seminario convocado por la Universidad Nacional Autónoma
de México en noviembre de 2002 (véase el libro Alimentos
transgénicos, Siglo XXI, 2004), reuniones de
la Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) y el seminario
de El Colegio de México (enero de 2005). Los puntos
de vista de numerosos investigadores se hicieron públicos
en manifiestos periodísticos, como el del 7 de febrero,
firmado por 90 científicos, y en el documento de la
Comisión de Cooperación Ambiental elaborado
por 17 reconocidos investigadores de Estados Unidos, Canadá y
México. Estos hechos fueron ignorados por la Academia
Mexicana de Ciencias, la cual se abstuvo de promover, como
era su obligación, un debate amplio y sustancioso
sobre la ley.
Aunque
no fue el caso, los tiempos en los que la palabra de los "expertos" era
la única válida están pasando a la historia.
Hoy las sociedades civiles exigen presencia y participación
(voz y voto) en las decisiones de proyectos de desarrollo
e innovaciones diversas (en México ha sido el caso
de las comunidades indígenas), de tal suerte que los
científicos se están volviendo un actor más,
no el más importante o el decisivo, en las instancias
que toman las decisiones.
Hay todavía
un hecho incontrovertible que los biotecnólogos que
defienden la tecnología de los transgénicos,
y pontifican sobre sus virtudes, tienden a olvidar, ignorar
o pasar por alto: con muy pocas excepciones, todos los problemas
que los transgénicos pretenden resolver en la agricultura
(plagas, suelos poco fértiles, sequía, lluvias
erráticas, etcétera) se logran remontar mediante
métodos agro-ecológicos de manera más
barata, independiente y segura, y a partir de los recursos
locales y el conocimiento acumulado por las culturas indígenas
o rurales.
La agroecología,
que es un enfoque de investigación interdisciplinario,
participativo (en tanto integra al productor al proceso de
investigación), respetuoso de los conocimientos locales,
tradicionales o indígenas, y buscador del bienestar
de los productores rurales y los consumidores de las ciudades,
está llamada a jugar (ya está jugando) un papel
central en la construcción de una vía alternativa
de modernización rural.
Por ello,
como he señalado en varias publicaciones, la agroecología
y la bio-tecnología (en su modalidad dominante) operarán
cada vez más como las antípodas de dos "tradiciones
de investigación" o "paradigmas" en
competencia, por la razón de que representan dos maneras
radicalmente opuestas de concebir la ciencia, sus aplicaciones
sociales y sus significados culturales y éticos. Ello
no impide la búsqueda de alternativas en las que ambas
tradiciones logren complementariedad, pero ello dependerá de
que la biotecnología se desprenda mediante una severa
autocrítica de sus tentaciones mercantiles y sus obsesiones
de dominio del mundo natural.
En
resumen, todo indica que mediante la Ley de Bioseguridad los
biotecnólogos legitimaron, junto con los legisladores,
una nueva forma de contaminación (genética),
y coadyuvaron con sus argumentos y tesis a lograr la entrada
de las corporaciones al mercado del sector agroindustrial de
México. Por desgracia los principales biotecnólogos
que debatieron nunca lograron deslindarse de las posiciones
impulsadas por los aparatos de propaganda de las empresas transnacionales.
Los biotecnólogos pudieron haber exigido el derecho
a realizar investigación sobre los OGM, lo cual no sólo
es legítimo sino necesario, sin tener que pronunciarse
por su comercialización, lo cual los hubiera situado
como un sector independiente, sin compromisos con las empresas
corporativas.
Como
ha venido sucediendo en los países industrializados
desde la mitad del siglo XX, científicos, políticos
y empresas industriales volvieron a aliarse para imponer a
la sociedad una tecnología de alto riesgo, pero de gran
rentabilidad económica entre los sectores de productores
agroindustriales o "modernos", pero con impredecibles
impactos en las regiones campesinas y en las áreas naturales,
protegidas o no, generalmente con alta biodiversidad. Ello
recuerda de inmediato los casos de la energía nuclear
y de la "revolución verde" (basada en el "control" con
agroquímicos y maquinarias).
El
fenómeno, que no es nuevo para el mundo, pero sí para
México, debería motivar la reflexión,
seria y autocrítica, entre los 750 biotecnólogos
que según se dice existen en el país. Ello permitiría
el deslinde de una investigación biotecnológica
con verdadero sentido social, dirigida a resolver los problemas
de la nación (rurales, urbanos e industriales), impulsando
un estilo original y responsable de hacer ciencia, y sobre
todo de bajo riesgo.
Aquellos
tiempos en los que cualquier científico tenía
garantizados el reconocimiento y la aceptación de sus
ideas han quedado en el pasado. Hoy, cuando la modernidad se
vuelve cada vez más una "fábrica de riesgos" (U.
Beck), las innovaciones científicas y tecnológicas
deben ser evaluadas y escudriñadas por la sociedad por
entero y las posiciones de los expertos deben ser confrontadas.
Lo anterior es especialmente cierto en el caso de la biotecnología,
pues, como ha señalado Jeremy Rifkin en su estremecedor
libro El siglo de la biotecnología,
esta nueva rama de la ciencia "extiende el dominio de
la humanidad sobre las fuerzas de la naturaleza, como ninguna
otra tecnología en la historia, con la sola excepción
de la bomba nuclear". Vista en esta perspectiva, la aprobación
de la Ley de Bioseguridad no es más que el inicio de
lo que será, cada vez más, una cruenta batalla.